El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos convocó hace menos de un mes en Guatemala a un “Seminario sobre reparaciones a víctimas de violencia sexual y de género”. Fueron invitadas en carácter de expertas la colombiana Paula Gaviria, la peruana Julissa Mantilla y quien suscribe en su calidad de ex juez del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).

El debate permitió comprender que la violencia de género en todas sus formas es un fenómeno de carácter global que ha empezado a tener una visibilidad creciente, lo que permite sacar del anonimato historias concretas de víctimas que son parte de las estadísticas.

El TPIR fue el primero en reconocer la violación sistemática y generalizada como crimen de lesa humanidad y genocidio. Fue el caso Akayesu en el cual las testigos declararon acerca de violaciones no contempladas en el acta de acusación. La presidenta de la sala, la juez Navi Pillay, ordenó a la fiscalía enmendar el acta de acusación e incluir esos delitos.

El camino para conseguir el reconocimiento y el respeto de sus derechos humanos en cuestiones de género es largo. Al caso Akayesu siguió el llamado Juicio de Tokio, en 1998, donde se reconoció la esclavitud sexual de mujeres asiáticas secuestradas por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Fue en 2002 cuando se creó el Fondo Fiduciario en la Corte Penal Internacional para atender a las reparaciones y rehabilitación de las víctimas. En Guatemala se crearon tribunales especiales para casos de femicidios considerados delitos a partir de 2008.

Está claro que la visibilidad del tema ha crecido y las reparaciones administrativas y judiciales a las víctimas de violaciones, de esclavitud sexual, de embarazos forzados y otras formas de violencia de género son reconocidas. Sin embargo, aún no se ha podido avanzar en la prevención de estos crímenes.