Entre abril y junio de 1994, Ruanda fue escenario  de un genocidio que registró casi un millón de personas asesinadas. La ONU creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda con el objetivo de juzgar a los acusados de perpetrar la masacre, entre los que se contaron líderes políticos, empresarios, religiosos, periodistas, artistas y ciudadanos comunes. 

La jurista argentina Inés Weinberg integró el ICTR entre 2003 y 2008, como única juez por América latina.