Nació en la Ciudad de Buenos Aires. Es la primera generación argentina de padres alemanes, deportados durante el nazismo. Asistió al Colegio St. Peter´s. Ingresó luego a la Facultad de Derecho de la UBA, donde obtuvo su título de abogada en julio de 1971. Un año más tarde, en la Universidad Nacional de La Plata, obtuvo el doctorado en Derecho.

Desde el colegio secundario supo que quería seguir la carrera judicial. Su objetivo de vida la condujo a ocupar cargos en la justicia local e internacional.

Sus padres huyeron del Holocausto y de los campos de concentración. Su padre llegó a la Argentina con un pasaporte alemán expedido en carácter de deportado. Su madre huyó de Berlín a Praga a los seis años, sin documentación y sin estudios. Fue la familia la que marcó su vida y su vocación por la justicia y por los derechos humanos. Especialmente la historia de su madre que fue despojada de su nacionalidad. 

Ha desarrollado una vasta carrera judicial a lo largo de más de veinticinco años, tanto a nivel nacional como internacional. Cada postulación –en 1992, 2000, 2003, 2009, 2013 y en 2018– fue un reconocimiento a sus saberes y su independencia. Todos sus nombramientos y cargos han sido sobre la base de concursos y elecciones

Todas ellas tuvieron lugar durante gestiones de diferentes signos políticos. Las postulaciones fueron hechas durante los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

Actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la juez Inés Weinberg siempre ha reconocido la importancia de la UBA como universidad pública en su vida pues le posibilitó el desarrollo personal y profesional para cumplir su meta de construir una carrera en la justicia.

Su férrea vocación la condujo a tener voz propia en tribunales dominados por hombres, que aún continúan siendo mayoría en el exclusivo territorio de la justicia internacional.

Se recibió de abogada a los 21 años y a los 24 ya estaba becada por el Instituto Max Planck, de Hamburgo, Alemania, una institución de excelencia académica donde comenzó su vinculación con la defensa de los derechos humanos.

Al regresar al país, siendo una joven profesional comenzó su andadura profesional como profesora universitaria en la cátedra de Derecho Civil, de Guillermo Allende. Pero la dictadura militar la despojó del cargo tiempo después. Culminado ese período se reinsertó en la carrera docente en la Universidad de Buenos Aires, ya en los albores de la democracia. Simultáneamente trabajó en casos de servicio social internacional, donde encontró una forma de expresión que puso en práctica cuando en 2003 fue elegida para integrar el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR).

Como los pleitos jurídicos no la entusiasmaron, fue presentándose en varios concursos en la justicia civil. Ante la suerte esquiva se fortaleció en la juez Inés Weinberg su feminismo, convencida de que a las mujeres les cuesta más alcanzar sus metas que a los hombres.

A comienzos de los años 90, tras regresar de un seminario al que concurrió invitada por la Asociación Jurídica Argentino-alemana, fue convocada para ocupar la vacante del Juzgado Civil número 11. Por su juzgado pasaron dos causas emblemáticas: las sucesiones de Jorge Luis Borges y la de Juan Domingo Perón.   

En 2003 integraba la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña, cuando fue elegida, a propuesta de la Argentina, por el Consejo de Seguridad de la ONU para integrar el ICTR. En el orden internacional integró además la Cámara Internacional de Apelaciones de La Haya entre 2003 y 2005, en simultáneo con su cargo de juez del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Durante cuatro años vivió en Arusha, Tanzania, y dos en los Países Bajos.

Tras ese período, entre 2009 y 2016, fue elegida para integrar el Tribunal de Apelaciones de la ONU donde estuvo siete años, habiendo sido seleccionada entre los 14 mejores candidatos del mundo.

Durante los años que vivió en Tanzania, sede del ICTR, se adaptó a condiciones muchas veces adversas por la falta de infraestructura, de insumos y de servicios básicos. Su labor en Ruanda fue de alto impacto -tanto en lo personal como en lo profesional- en virtud de que el Tribunal tuvo a su cargo el juzgamiento de acusados del genocidio, que en el pequeño país africano se cobró la vida de casi un millón de personas de la etnia tutsi, durante abril y junio de 1994.

La experiencia africana la transformó en muchos sentidos. Dos de las condenas que firmó fueron muy resonantes: la del cantante popular Simon Bikindi y la de “Mr. Z.”, el empresario Protais Zigiranyirazo, cuñado del presidente Juvenal Habyarimana cuyo atentado en 1994 desencadenó el genocidio en Ruanda.

El mandato de Inés Weinberg de Roca concluyó en diciembre de 2008. Mientras tanto, sus colegas de la Cámara Contencioso Administrativo en Buenos Aires la alentaron a continuar en la justicia internacional, concediéndole las licencias necesarias para postularse al Tribunal de Apelación de la ONU. De nuevo en acción fue elegida por 122 votos entre 24 candidatos que llegaron a la recta final para ocupar siete cargos.

Su vida en Africa fue registrada en un documental filmado en Kenia, Tanzania, Ruanda, Holanda y Francia. Se titula “Los 100 días que no conmovieron al mundo” y fue realizado con el respaldo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).